El líder de la CMIC en Yucatán pide dejar de militarizar la obra pública y usar a la mano de obra de cada entidad para dinamizar la economía.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) inició diálogo con el Gobierno Federal para que los constructores yucatecos participen de las obras de infraestructuras de la Sedatu, como “La Plancha”, planteles escolares y el tren maya.
El presidente de la CMIC delegación Yucatán, Raúl Monforte González, adelantó que mediante pláticas con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se busca abrir un canal de diálogo con la Federación, con el fin de plantearles “la necesidad de que las diversas obras de infraestructura pública que se han planteado para Yucatán sean efectuadas por constructores locales”.
Agregó que es necesario que los proyectos sean desarrollados por empresas profesionales que han demostrado su capacidad, por lo que insistió en que es urgente que las autoridades volteen al sector construcción para otorgarles la confianza de desarrollar los proyectos que hoy están en puerta.
El dirigente del sector de la construcción yucateca apuntó que ente las obras anunciadas por la Federación en lo que queda de la administración para la entidad destacan las del nuevo parque de “La Plancha”, así como la construcción de nuevos planteles escolares.
Estamos hablando de toda la infraestructura que construyan los gobiernos estatal y municipal con los préstamos. Que nos escuchen, que se pueda establecer una mesa de diálogo y que las licitaciones no tengan preferencia porque sería contrario a la ley, por lo que esperamos que haya apertura”, comentó.
En torno al parque de “La Plancha”, Monforte González, apuntó que esta no es una obra de “seguridad nacional”, por lo que insistió en que no debe ser edificada por el Ejército como está previsto, sino que sean los constructores yucatecos los encargados de su realización.
En torno a la construcción de domos en escuelas, refirió que se está dando dinero de la Federación a los padres, los cuales no tienen la experiencia para determinar la mejor manera para llevarlas a cabo.
“Sin duda, los padres de familia no van a cometer actos de corrupción, pero no saben elegir a un proveedor confiable, no pueden determinar quién les va a cumplir.
Esto es complicado en escuelas porque se requiere un trabajo adecuado, pero con pocos recursos”, consideró.