En el Congreso de Yucatán presentaron diversas iniciativas en materia de salud, transparencia y financiamiento
En la sesión del Congreso de Yucatán se presentaron diversas iniciativas en material de salud, entre ellas la que busca fortalecer a las personas neurodiversas, con el fin que sean reconocidas por la sociedad.
“Se pugna por su desarrollo pleno a una vida digna, que las diferencias se interioricen y se enfatice como diversidad y no como capacidad, que se privilegie el enfoque en la reducción de las causas concretas que sitúan a estas personas como vulnerables y con una necesidad absoluta de asistencia”, explicó diputada, Karla Salazar González.
La iniciativa va más allá para entender que es necesario abandonar el vínculo entre capacidad y dignidad para avanzar en el sentido de relacionar y centrar las reflexiones de la sociedad en que las personas con neurodiversidad son seres valiosos.
Asimismo, la legisladora Alejandra Novelo presentó una iniciativa para modificar el artículo primero de la Constitución Política del Estado en materia de derecho al cuidado digno, lo cual da pie a un sistema de cuidados que garanticen crear condiciones de mayor igualdad para la sociedad.
En esta misma sesión se abrió de manera oficial la convocatoria para reconocer al «Médico del Año de Yucatán 2022«, que tiene el fin de reconocer a personas que destaquen en el ámbito médicos por sus investigaciones, aportaciones a la entidad, este reconocimiento estaría entregándose en el mes de octubre.
Propusieron transparencia y reducción al financiamiento
Con el fin que la Auditoría Superior del Estado, garantice su autonomía presupuestaria para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones: «debemos impulsar medidas y parámetros que eviten la merma o carencias en el órgano encargado de velar por el buen manejo de las finanzas públicas, limitando el ámbito de la discrecionalidad al momento de fijar el presupuesto”, destacó diputado Gaspar Quintal Parra.
Además, su compañera de bancada, Jazmín Villanueva Moo presentó una iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos políticos en la entidad, ya sea que tengan registro nacional o estatal.
Por otro conducto, también se busca mejorar la Ley de Participaciones y Procedimientos Electorales, primero para crear dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana un área de defensoría pública gratuita para dar servicio y asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género: «segundo, se propone que la ley estipule que la asignación de regidurías de representación proporcional sea en favor de las personas candidatas a las presidencias municipales”, según a propuesta de la diputada Vida Herrera.