En abierta muestra de cerrazón e intolerancia que evidencia la negativa de buscarle solución al tema de la granja Kancabchén II de #Sitilpech, los activistas y sus representantes que piden su cierre, rechazaron asistir a una mesa de diálogo celebrada este día en la que participaron autoridades federales, estatales, municipales, así como representantes de derechos humanos y del sector empresarial.
El grupo de 30 inconformes de la comisaría izamaleña de Sitilpech, así como los dirigentes de la agrupación Kanan Derechos Humanos A.C., quienes los asesoran y encabezan las protestas, decidieron no participar en la convocatoria a la mesa de diálogo convocada por la empresa Productos Pecuarios para el Consumo, propietaria de la granja porcícola establecida en dicha comunidad desde 2017.
La rotunda negativa de los 30 inconformes de Sitilpech y sus socios de Kanan, demuestra una vez más que en ningún momento pretenden buscar una solución al conflicto creados por ellos mismos, pues los propios pobladores de la comisaría han denunciado y demostrado que son “vividores y falsos ambientalistas” porque reciben dinero del extranjero a cambio de mantener un movimiento orquestado.
“Si se termina el conflicto, se les cae el teatro armado y dejarían de recibir dinero, lo que definitivamente no les conviene, pero lamentablemente han roto la paz y tranquilidad de la población”, expuso una ama de casa de la comunidad.
Hay que hacer notar que un juez federal ordenó desde diciembre pasado, la reapertura de la granja tras comprobarse que no genera contaminación alguna debido a que cuenta con todos los equipos y sistemas tecnológicos para el tratamiento de sus procesos y su operación en general.
La mesa de diálogo realizada este día tuvo como sede el auditorio de la Universidad Tecnológica del Centro (UTC) de #Izamal y contó con la participación de: Jaime García Olivar, representante de la granja porcícola “Kancabchén II”; Fernando Rosel Flores, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado; Genoveva Bentata Morcillo, asesora del Ayuntamiento de Izamal; los empresarios Alí Charruf Álvarez, representante de la #CANACINTRA y Emilio Blanco del Villar por la #COPARMEX.
Asimismo, por la Secretaría de Gobernación de la Federación, Eliseo de la Rosa, José Luis Fonseca, Carlos del Arte, José Tun y Julián Villanueva; Rodrigo Hernández Segura; secretario técnico de la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad Región Valladolid y Sergio Uribe por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
La mesa de diálogo constituye un ejercicio plural encaminado para lograr acuerdos y soluciones pacíficas para que Sitilpech regrese a su vida cotidiana normal y las fuentes de empleo que genera el centro productivo estén plenamente garantizados.
En este sentido, el sub delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Yucatán, Eliseo de la Rosa destacó la disposición de todas las personas que acudieron a este ejercicio de diálogo para de esta forma atender la situación de hace algunos días, en la cual, integrantes del Colectivo bloquearon las vialidades donde se ubican las entradas y salidas de la Unidad de Producción Porcina “Kancabchén II” ubicada en la comisaría de Sitilpech del municipio de Izamal.
El funcionario federal lamentó la ausencia de la parte quejosa, ya que no pudo escuchar de primera mano su perspectiva, sin embargo, aseguró que, desde la Segob se percibe como un acto muy positivo el promover tales espacios de conciliación.
También, subrayó que autoridades de los tres órdenes de Gobierno estuvieron de acuerdo en que la situación deberá ser resulta a través del diálogo y entendimiento, lo cual será la clave para alcanzar el consenso entre todas las partes y, con ello, hacer prevalecer el Estado de Derecho, la seguridad y tranquilidad.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, (Codhey), Gustavo Arjona Canto manifestó que el objetivo de acudir a la convocatoria para integrar la mesa de diálogo, obedece a la importancia de documentar el pleno respeto a los derechos humanos.
“Hemos acudido como testigos y observadores para documentar situaciones y procurar que se respeten los derechos humanos, esto para dar sustento a la integración de la mesa de diálogo sobre el tema de Sitilpech”, declaró el secretario ejecutivo de la Codhey.
En el encuentro los representantes de la iniciativa privada señalaron que se necesita agilizar las responsabilidades necesarias y planteadas en esta mesa de diálogo para con ello, y de forma conjunta, encontrar consenso entre las partes.
En su participación, el representante de la Unidad de Producción Porcina “Kancabchén II”, Jaime García Olivares, lamentó que, una vez más, los manifestantes y la agrupación defensora de Derechos Humanos se nieguen a establecer el diálogo en una mesa abierta y formal, donde se busca establecer la conciliación y ofrecer un espacio donde todas las partes puedan ser escuchadas.
“Desde el día 10 de febrero, se han desarrollado una serie de conflictos, a tal grado de que se bloquearon carreteras e, incluso, la entrada a la granja; actualmente, contamos con poco más de 20 mil animales, no es la capacidad total, pero se mantienen las operaciones. Al día de hoy, está desbloqueada la carretera, únicamente nos colocaron unas vallas ligeras, pero las motocicletas y bicicletas pueden transitar, no se puede meter una camioneta ni tampoco salir”, expuso.
Al hacer uso de la palabra, García Olivar lamentó que de nueva cuenta el grupo manifestante y la agrupación de Kanan Derechos Humanos A.C., se cierren a dialogar, ahora ausentes a una mesa abierta y formal para que todas las partes sean escuchadas y establecer puntos de concordia y conciliación.
Recordó que, previamente, a través de medios de comunicación y redes sociales, la empresa hizo público un primer llamado al diálogo y la paz social, sin obtener respuesta del colectivo y la asociación civil que los asesora.
Sostuvo que existen dos mandatos judiciales a favor de que la instalación pecuaria pueda operar con total legalidad; la primera desde el pasado 9 de enero con la resolución del juez y la segunda cuando tras interponer un amparo por integrantes del colectivo, la juez remarcó que no pueden bloquear los accesos a la granja ni las vialidades.
A su vez, Fernando Rosel Flores; en representación de la Secretaría General de Gobierno del Estado, afirmó que en Yucatán es fundamental que prevalezca el Estado de Derecho para garantizar los acuerdos pacíficos necesarios que beneficien la interacción entre la compañía pecuaria y el grupo de la comunidad.