La industria de las telecomunicaciones en México ha entrado en una fase de máxima alerta ante la proximidad del vencimiento del plazo legal para el registro de líneas celulares. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) han lanzado una ofensiva de comunicación sin precedentes. El objetivo es claro: evitar que millones de usuarios pierdan su conexión este mismo año.
El calendario es implacable. La fecha límite establecida por la autoridad reguladora es el próximo 30 de junio de 2026. Aquellos usuarios que no hayan vinculado su identidad a su número telefónico antes de ese día verán sus servicios desactivados. Esta disposición legal no es una sugerencia, sino un mandato que tiene a los operadores trabajando a marchas forzadas para concientizar a la población.
Las cifras del reto son monumentales. Originalmente, se calculaba que el sector debía registrar unas 930,000 líneas diarias desde el inicio del proceso. Sin embargo, debido al avance lento y a la falta de respuesta de los usuarios, el ritmo necesario se ha duplicado. Ahora, la industria estima que deben validarse alrededor de 2 millones de números cada día para cumplir con la meta antes del cierre de junio.
El espíritu detrás de esta iniciativa, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), es la prevención de delitos. El padrón busca inhibir las acciones de la delincuencia organizada al tener un control estricto sobre quién posee cada línea. No obstante, el costo de implementar esta infraestructura no es menor, pues se valora en 4,053 millones 652,389.40 pesos.
A pesar de la importancia del registro, los datos oficiales muestran un rezago preocupante. Hasta el domingo 8 de marzo de 2026, apenas se habían contabilizado 20 millones 432,654 líneas asociadas a una identidad. Esto representa una fracción mínima de un mercado que atiende a cerca de 150 millones de personas en todo el país, sumando todos los operadores.
Ante este escenario, la recomendación para la ciudadanía es actuar de inmediato. El proceso comenzó formalmente el viernes 9 de enero de 2026 y no se vislumbra una prórroga. De no realizarse el trámite, a partir del 9 de julio, los teléfonos no registrados quedarán limitados exclusivamente a realizar llamadas a servicios de emergencia, perdiendo toda capacidad de navegación y comunicación regular.