Para entender el actual clima político en el Congreso de la Unión, es fundamental analizar las decisiones que se toman detrás de las puertas de sus comités técnicos. Esta semana se consumó una de las resoluciones más polémicas de la legislatura: el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados clausuró por un plazo de cinco años el acceso público a toda la documentación emanada del proceso de elección de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE.
Tal como quedó registrado en las páginas informativas de El Excélsior, la aprobación del acuerdo de confidencialidad desató una fuerte confrontación interna. La legisladora panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, lideró la resistencia contra la reserva, manifestando públicamente su voto en contra y ventilando los nombres de los funcionarios ligados al partido Morena que operaron para sepultar la información.
López Rabadán defendió con ahínco el principio de máxima publicidad en el Estado mexicano. Sostuvo que cuando las instituciones abren sus archivos explicativos al escrutinio de los ciudadanos, no solo se fortalece la democracia y se fomenta una mayor participación de la gente, sino que se generan los incentivos necesarios para erradicar las conductas deshonestas y construir una sociedad que priorice el bienestar de la colectividad.
El posicionamiento de la legisladora de oposición fue expuesto formalmente ante los integrantes del Comité de Transparencia por conducto del secretario técnico Gustavo Flores Gutiérrez. El funcionario leyó el mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva, dejando asentada la postura en contra de clasificar como secreta la totalidad de la documentación generada, recibida, integrada, evaluada y resguardada del proceso concluido en el mes de abril.
En dicho manifiesto se argumentó detalladamente que la transparencia gubernamental tiene una función constructiva y nunca de perjuicio para las instituciones. López Rabadán enfatizó que la supervisión de la sociedad es el único mecanismo confiable para validar la legalidad de los actos públicos, respetando en todo momento las limitantes institucionales que la ley prevé para proteger los datos personales y sensibles de los ciudadanos.
Con la imposición del secreto administrativo por cinco años, la Cámara de Diputados le da carpetazo a un expediente controvertido. Diversas organizaciones de observadores especializados se quedaron esperando una explicación clara sobre los criterios aplicados por el Comité Técnico de Evaluación para depurar las listas de candidatos, así como una respuesta contundente ante las fuertes sospechas de que los exámenes fueron filtrados a los perfiles oficiales.
El destino del derecho a la información quedó sellado por los votos de los funcionarios Aliza Klip Moshinsky, Hugo Christian Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. Estos perfiles, que controlan áreas estratégicas de la Cámara de Diputados, son señalados de responder fielmente a los intereses del grupo parlamentario mayoritario de Morena y a su coordinador político de bancada, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila.