Tras una jornada caracterizada por intensos debates, reclamos cruzados de la oposición y defensas férreas por parte del bloque mayoritario, el Senado de la República alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución en materia judicial. La sesión maratónica evidenció las profundas diferencias ideológicas que persisten en torno al método ideal para reconfigurar el funcionamiento de los tribunales en México.
Según los datos asentados por El Universal, el bloque compuesto por Morena y sus aliados logró conjuntar 87 votos a favor, superando los esfuerzos de la oposición que sumó 41 sufragios en contra. Con este resultado, el dictamen que aplaza la histórica elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028 fue aprobado formalmente y enviado a las legislaturas de los estados para su validación de ley.
Entre los puntos neurálgicos del dictamen aprobado destaca la autorización otorgada a los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para buscar la reelección por seis años más. Asimismo, se fijó una reducción a ocho años en el encargo de los jueces elegidos en la futura jornada de 2028, decretando el término definitivo de sus funciones para el año 2036.
En el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma impuso una reorganización operativa que dividirá los trabajos del tribunal en dos secciones autónomas pero supeditadas, puesto que requerirán invariablemente el aval del pleno para poder sesionar. Esta disposición técnica cerró las votaciones particulares previas al anuncio del turno general a las entidades federativas.
Al concluir la sesión, la senadora Laura Itzel Castillo instruyó formalmente el envío del decreto a los congresos locales del país. El oficialismo requiere el visto bueno de al menos 17 asambleas estatales para consolidar este paquete de reformas constitucionales, cerrando así un capítulo clave de la intensa disputa por el control y la fisonomía del Poder Judicial.