El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una nueva crisis interna tras la designación de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Un grupo de consejeros decidió llevar el caso ante las máximas instancias judiciales, cuestionando la validez de este nombramiento estratégico para la transparencia de los recursos de los partidos.
De acuerdo con información de La Silla Rota, los consejeros José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan y Arturo Castillo Loza promovieron una “demanda de juicio general”. El objetivo de este recurso legal es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analice y, de ser necesario, revoque el oficio INE/PC/194/2026 emitido por la presidencia del instituto.
La controversia se centra en el procedimiento utilizado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, para realizar dicha designación el pasado 22 de abril. Los impugnantes sostienen que el proceso no cumplió con los requisitos legales y constitucionales que rigen la materia electoral, vulnerando la normativa vigente sobre la integración de las áreas técnicas.
Este movimiento legal pone bajo la lupa a la Unidad Técnica de Fiscalización, un área neurálgica que supervisa el origen y destino del dinero en la política. Para los consejeros disidentes, permitir que este cargo se ocupe sin el rigor legal adecuado pone en riesgo la certeza de los procesos electorales y la imparcialidad del organismo.
El caso ha sido interpretado como un nuevo frente de batalla en la división interna que vive el INE. Mientras la presidencia busca agilizar los nombramientos en áreas operativas para los próximos comicios, otros integrantes del Consejo General exigen que se mantenga el carácter colegiado y el estricto apego a las leyes en cada decisión administrativa. Finalmente, la resolución del TEPJF será determinante para definir el futuro de la estructura operativa del INE. Si el tribunal concede la razón a los demandantes, el nombramiento de Alejo García quedará sin efecto, obligando a Guadalupe Taddei a proponer un nuevo perfil bajo un escrutinio legal y político mucho más severo por parte de sus pares.